Por Carlos Velásquez Carrillo (*)
Este oligopolio financiero llegó a acaparar más del 90% de la cartera bancaria salvadoreña, y posteriormente este control de los bancos sirvió como base financiera para expandir los negocios de estas familias
SAN SALVADOR
- La historia de la banca salvadoreña en los últimos veinte años constituye una amañada epopeya del descaro que finalmente ha desembocó, cuando éste se transnacionalizó en el 2006/2007, en el mayor desfalco financiero perpetrado contra el pueblo salvadoreño en lo que va de su historia. La privatización de la banca no sólo fue la piedra angular de la nueva oligarquía, sino que también les llenó aún más sus cofres a costilla del pueblo.
Cuando el primer gobierno arenero liderado por Alfredo Cristiani llegó al poder en 1989, la banca salvadoreña (nacionalizada en 1980) atravesaba una situación precaria donde las deudas y al ineficiencia estaban al orden del día. La iniciativa para privatizarla se planteó como la única opción para reactivarla con la idea de liderar la tan añorada recuperación económica que el país necesitaba después de casi diez años de guerra.
Pero al final esta iniciativa sirvió para crear la espina dorsal de la recuperación oligárquica que llevó a la creación y consolidación de lo que yo he llamado BONT (por favor ver mis artículos anteriores sobre este tema).
Es decir, la reprivatización de la banca sirvió como un instrumento fundamental para catapultar el poder financiero de la nueva oligarquía salvadoreña, la cual ya no cimentaría su poder en el control de las industrias de agro-exportación (café, azúcar y algodón) ni en la protección históricamente proporcionada por los militares, sino en la acumulación vertiginosa de capital y de inversiones que eventualmente llevó a la economía salvadoreña a convertirse en un rígido oligopolio controlado por un puñado de empresas financieras.
Es ese sentido, el proyecto socioeconómico iniciado por ARENA en 1989, usando al neoliberalismo económico como su principal pilar, perseguía fundamentalmente la restitución del dominio clasista oligárquico interrumpido durante la guerra y los períodos de gobiernos democristianos. Apoderarse de la banca resultaba la mejor forma para garantizar el éxito de ese proyecto de clasey así formar la nueva oligarquía financiera.
La privatización de la banca fue desde el principio un proceso ajeno a las normas más básicas de legalidad, ética y honestidad. Mediante la aprobación de la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (Noviembre 1990), el estado salvadoreño asumió la responsabilidad de sanear la cartera morosa de los bancos nacionales mediante la transferencia de cartera de alto riesgo, un proceso que al finalizar le costó al fisco salvadoreño alrededor de 3500 millones de colones.
La ley creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), cuyo objetivo central era el de asegurar que la cartera de los bancos estuviese solvente a fin de atraer la compra de acciones por parte de agentes privados (no se permitía la compra de acciones por parte de entes públicos), así como de proporcionar financiamiento para la adquisición privada de estas acciones (o sea, financiar a aquellos interesados en comprar acciones, que al final fueron los mismos de siempre).
El 29 de noviembre de 1990 se aprueba la Ley de Privatización de las Instituciones Financieras Nacionalizadas, y así se abre un ciclo de compra acelerada por parte de manos privadas de las acciones “saneadas” con capital público.
A pesar de que las leyes de saneamiento y privatización contenían clausulas para impedir la concentración en la adquisición de acciones (como porcentajes límites y segmentos exclusivos para pequeños inversionistas), la mayor parte de la cartera bancaria terminó en pocas manos. Un método utilizado por los oligarcas fue el de pago de testaferros o “prestanombres” que compraban acciones con nombre propio pero que en realidad eran de otro (o que recibían acciones por medio de poderes), y así evadir los límites legales establecidos por la ley.
La falta de trasparencia llevó a que aliados de los oligarcas terminaran como directores de las instituciones o consiguiendo mayorías en las asambleas generales de accionistas donde los límites terminaron siendo burlados o simplemente ignorados.
Para mediados de los años 90s, el proceso de privatización de la banca había confluido en la creación de un oligopolio financiero controlado por familias de apellidos oligarcas con credenciales históricas y otros que habían ascendido durante el proceso mismo.
La lista no es grande: El Banco Cuscatlán (Cristiani, Llach, Bahaia, De Sola); El Banco Agrícola (Baldochi, Dueñas, Kriete Ávila, Palomo Déneke, Araujo Eserski); Banco de Comercio (Belismelis, Catani Papini, Álvarez, Freund, Sol, Escalante Sol, Palomo); Banco Salvadoreño (Simán Jacir, Salume, Simán Siri, Zablah Touche); Grupo Agrisal & Banco de América Central y Credomatic (Murray Meza, Meza Ayau, Sol Meza, Meza Hill, Palomo, Quiñonez Meza, Álvarez Meza).
Este oligopolio financiero llegó a acaparar más del 90% de la cartera bancaria salvadoreña, y posteriormente este control de los bancos sirvió como base financiera para expandir los negocios de estas familias a las ramas del comercio, bienes y raíces, pensiones, aseguradoras, servicios y turismo.
Cuando el capital transnacional le echó el ojo a los bancos salvadoreños, y tomando en cuenta la eliminación de los límites a las adquisiciones de acciones por agentes extranjeros que vino con la aprobación del CAFTA, la nueva oligarquía salvadoreña no tuvo otro remedio que vender los bancos con una ganancia estupenda: 4 mil millones de dólares y fichas.
Aquí hay algo que se debe denunciar a los cuatro vientos y sin pelos en la lengua: dado el hecho que los activos de estos bancos no estaban registrados en El Salvador sino que en paraísos fiscales de la región, la venta billonaria de los bancos no dejó un solo centavo al fisco salvadoreño en concepto de impuestos por la venta. Y esto lo hicieron después de que los oligarcas obtuvieran los bancos saneados con dinero de todos los salvadoreños (o “pureza total” como me comentó un compañero campesino cuando hablamos del tema).
En otras palabras, la nueva oligarquía salvadoreña ha perpetrado una nueva estafa histórica contra el pueblo salvadoreño y lo hizo con entera impunidad bajo las alas protectoras de cuatro gobiernos de ARENA. La famosa frase recitada por algunos de que “primero El Salvador, segundo El Salvador, tercero El Salvador” encuentra aquí su máxima condición demagógica y farsante.
Y para añadir otra capa de agravio, no podemos asegurar que la banca salvadoreña en los últimos veinte años haya sido un motor para ayudar al desarrollo integral de nuestro país.
La política crediticia ha sido nefasta desde el principio y se discriminó de forma descarada el desarrollo del sector agrario (lo que ha llevado a que muchas tierras distribuidas en los años 80s hayan vuelto a manos oligárquicas ya que muchas cooperativas han caído en banca rota); el crédito a la pequeña y mediana empresa es escaso y enmarañado; los bancos propiciaron y empujaron la dolarización en el país (ya que sus propias deudas se verían beneficiadas); y se alentó la dependencia a las remesas y a la especulación financiera (ya que los bancos al final viven ellas).
Es decir, los bancos no han servido para generar nuevas oportunidades en los sectores productivos y por el contrario han jugado un papel paralizador desde el punto de vista económico y de justicia social. Para muestra un botón: a pesar de que el sector financiero sea el principal sector en la economía salvadoreña, conjuntamente con los sectores de la aseguradoras y las bienes raíces, solamente dan empleo al 3% de la fuerza laboral del país.
Este proceso pone al descubierto la anatomía de un país que hasta el 2009 había sido caracterizado por ser fundamentalmente injusto; un país que ha sido considerado la propiedad privada de una pequeña oligarquía y donde se hace lo que ésta dispone.
El proceso de privatización de la banca es un proceso cerrado y consumado (yo diría que hasta en el psíquico del salvadoreño ya ni siquiera se registra), pero mi exhortación al gobierno del FMLN es de examinar este proceso de nuevo y analizar sus procedimientos y resultados. No creo que sea demasiado tarde para enmendar algunas fechorías del pasado, y aunque se requiera tiempo y esfuerzo (también voluntad), esto es precisamente lo que la promesa de “cambio” debe promover.
Si no se enfrenta al poder oligárquico y a las injusticias (pasadas y presentes) con contundencia y seriedad, el status quo se convierte en lo único a lo que podemos aspirar.
(*) Politólogo, investigador y colaborador de ContraPunto
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